Musings on Immigration

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Proyecto de ley, aumentaría la disponibilidad de visas EB-5 y cambiarían los requisitos mínimos de inversión

Un proyecto de ley propuesto por el senador John Cornyn (R-Tex.) Ha sido anunciado por los expertos en bienes raíces y otras industrias que dependen de los inversores EB-5. Si se aprueba, el cónyuge y los hijos de un titular de visa EB-5 ya no contarán para el límite anual de visa de 10.000, lo que aumentaría el número de inversionistas que califican para visas EB-5.



El proyecto de ley también propone un aumento en el requisito mínimo de inversión en áreas de empleo específicas de $ 500,000 a $ 800,000 y una reducción en la inversión mínima para áreas no objetivo de $ 1 millón a $ 925,000.

Según The Real Deal, expertos en bienes y raíces esperan que el proyecto de ley pasará a finales de septiembre. Si el proyecto de ley no se aprueba, esperan que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos hagan un cambio similar al programa de visa EB-5.

Si usted es un empresario extranjero que está interesado en obtener una visa EB-5, o si es una empresa estadounidense que busca inversiones a través del programa EB-5, comuníquese con Kuck Immigration Partners. Charles Kuck es un abogado de tarjetas verdes en Atlanta que puede responder a sus preguntas y ayudarle a navegar las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Llame al 404-816-8611 hoy para programar una consulta.

¿Qué se considera un "área de empleo dirigida" bajo el programa de Visa EB-5?

Un área de empleo dirigida es una zona rural o una región con alto desempleo. Según USCIS, una zona rural es una región que está fuera de un área metropolitana definida por la Oficina de Gestión y Presupuesto, o fuera de los límites de cualquier ciudad o ciudad con una población de 20.000 o más.

Para calificar como una región con alto desempleo, la tasa de desempleo debe ser por lo menos 150 por ciento de la tasa media nacional.

¿Cuál es el requisito del empleo para el programa de visas EB-5?

Hacer una inversión calificada es sólo un requisito del programa de visas EB-5. Para que el inversionista y su familia puedan permanecer en los Estados Unidos, la inversión debe cumplir con el requisito de creación de empleo del programa EB-5.

Si el empresario extranjero invierte en una nueva empresa comercial, la inversión debe crear al menos 10 puestos de tiempo completo para los empleados calificados. Si la empresa no se encuentra dentro de un centro regional, sólo los trabajos que se crean directamente cuentan hacia el total. Esto significa que debe establecerse una relación empleador-empleado entre el empleado y la nueva empresa comercial.

Si la empresa está ubicada dentro de un centro regional, los puestos de trabajo que se creen de forma indirecta o directa contarán con el total. Un trabajo indirecto es uno que está fuera de la nueva empresa comercial pero creado como resultado de la nueva empresa comercial.

Si el empresario extranjero invierte en un negocio problemático, el mantenimiento del trabajo puede contar para el total de creación de empleo.

Si tiene preguntas sobre el programa de visa EB-5, acuda a Kuck Immigration Partners. Charles Kuck es el ex presidente de la Alianza de Abogados de Inmigración Empresarial (ABIL). Llame al 404-816-8611 para programar una consulta con un abogado de inmigración en Atlanta.

Proposed Legislation Would Increase EB-5 Visa Availability and Change Minimum Investment Requirements

A bill proposed by Sen. John Cornyn (R-Tex.) has been heralded by real estate experts and other industries that rely on EB-5 investors. If passed, the spouse and children of an EB-5 visa holder would no longer count toward the annual visa cap of 10,000, which would increase the number of investors who qualify for EB-5 visas.



The bill also proposes an increase in the minimum investment requirement in targeted employment areas from $500,000 to $800,000 and a reduction in the minimum investment for non-targeted areas from $1 million to $925,000.

According to The Real Deal, real estate experts hope the bill will pass at the end of September. If the bill does not pass, they expect U.S. Citizenship and Immigration Services to make a similar change to the EB-5 visa program.

If you are a foreign entrepreneur who is interested in obtaining an EB-5 visa, or if you are a U.S.-based company seeking investments through the EB-5 program, contact Kuck Immigration Partners. Charles Kuck is a green card attorney in Atlanta who can answer your questions and help you navigate U.S. immigration laws. Call 404-816-8611 today to schedule a consultation.

What Is Considered a “Targeted Employment Area” under the EB-5 Visa Program?

A targeted employment area is a rural area or a region with high unemployment. According to USCIS, a rural area is a region that is outside of a metropolitan statistical area as defined by the Office of Management and Budget, or outside the boundary of any town or city with a population of 20,000 or more.

In order to qualify as a region with high unemployment, the unemployment rate must be at least 150 percent of the national average rate.

What Is the Job Creation Requirement of the EB-5 Visa Program?

Making a qualifying investment is just one requirement of the EB-5 visa program. In order for the investor and his or her family to remain in the United States, the investment must meet the EB-5 program’s job creation requirement.

If the foreign entrepreneur invests in a new commercial enterprise, the investment must create at least 10 full-time positions for qualifying employees. If the enterprise is not located within a regional center, only jobs that are directly created count toward the total. That means an employer-employee relationship must be established between the employee and the new commercial enterprise.

If the enterprise is located within a regional center, jobs that are created either indirectly or directly will count toward the total. An indirect job is one that is outside of the new commercial enterprise but created as a result of the new commercial enterprise.

If the foreign entrepreneur invests in a troubled business, job maintenance may count toward the job creation total.


If you have questions about the EB-5 visa program, turn to Kuck Immigration Partners. Charles Kuck is the past President of the Alliance of Business Immigration Lawyers (ABIL). Call 404-816-8611 to schedule a consultation with an immigration lawyer in Atlanta.
¿Para que los estudiantes de DACA de Georgia deben ser capaces de pagar la matricula estatal?

El día de hoy 15 de junio del 2017, presenté argumentos a favor de los beneficiarios de DACA en Georgia al Tribunal de apelación de Georgia, tratando de mantener la decisión del Juez Superior principal del Tribunal de condado de Fulton (Juez Tusan), al ordenar a la Junta de Regentes de Georgia considerar a todos los destinatarios DACA elegibles para la matrícula estatal, siempre que cumplan los requisitos de matrícula.

Aquí está mi presentación:

Se pide a la Corte:

Soy Charles Kuck. Yo represento a los apelados Rigo Rivera, Josafat Santillan, y las otras mujeres y hombres jóvenes detrás de mí, todos los cuales tienen aprobaciones DACA válidos.

El 15 de junio del 1982, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió su histórica decisión en Plyer v. Doe en el que se garantiza la igualdad de acceso a la educación pública para todos los niños, independientemente de su estado migratorio. El 15 de junio del 2012, el presidente Obama creó un programa de aplazamiento de la deportación de “Dreamers ", para mujeres y hombres jóvenes que llegaron a los EE.UU. antes del 15 de junio del 2007, que están en o se han graduado de la escuela secundaria (bajo la protección de Plyer v. Doe), y que son de buen carácter moral. Este programa se llama “DACA' y ha tenido un éxito extraordinario en el cambio de  vida de estos hombres y mujeres jóvenes, dándoles esperanza para el futuro y el acceso a nuestra sociedad en sus miembros contribuyentes. pueden trabajar, conducir legalmente, pagan impuestos, voluntario, y prosperar. Pero hay una cosa que no pueden hacer. sin embargo, hoy en día 15 de junio del 2017, los que no pueden ir a las mejores escuelas en Georgia, aunque merezcan la admisión, y que no pueden pagar la matrícula estatal en el estado en que pagan impuestos los residentes. Eso parece, a mí por lo menos, una violación de los principios esbozados en Plyer v. Doe, y lo más importante para la discusión de hoy, una violación directa de los Regentes propio manual de políticas sobre la matrícula estatal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de su sub-agencia de Servicios de Inmigración (USCIS) y Ciudadanía, ha publicado orientaciones sobre DACA en una variedad de temas. La orientación relevante aquí es sobre lo que significa DACA para el “status” de los jóvenes de ambos sexos; DACA no es “estatus legal”, pero es, de acuerdo con el USCIS, “presencia legal.” ¿Por qué es tan importante? Debido a que en el 2010 los regentes crearon una política de matrícula, incluido en su manual de políticas en la Sección 4.1.6, en la que se dice que a una persona no ciudadana que no está “legalmente” en los Estados Unidos no se le puede conceder la matrícula estatal.

Las palabras tienen significado. Cuando una agencia estatal, como la Junta de Regentes a través de sus miembros, cada uno de los cuales es un apelante / acusado en este caso, se crea una directiva, el público, incluyendo estas mujeres y hombres jóvenes, tienen derecho a confiar en la política. Tienen derecho, por ley, a esperar que los miembros de la Junta de Regentes de llevar a cabo su propia política de acuerdo con el sentido corriente real de las palabras que utilizan. Estamos aquí hoy porque los Regentes han fallado intencionalmente para hacerlo.

El Regentes también creó una política en la Sección 4.3.4 que requiere que estos estudiantes demuestran su presencia legal en los Estados Unidos. Esto, cada una de estas mujeres y hombres jóvenes puede hacer a través del sistema de USCIS “SAVE” por el cual los estados y las agencias subordinadas pueden verificar un problema de inmigración. Esta es la razón por cada uno de ellos tiene las licencias de conducir en Georgia, debido a que tienen presencia legal.

“Presencia legal” no debe confundirse con “estatus legal”, que estos jóvenes no tienen. Pero el estatus legal no es requerido por los Regentes de obtener la matrícula estatal, como receptores DACA están legalmente en el estado. Tan tarde como en febrero de 2016, los regentes volvieron a confirmar que “presencia legal” es la norma, sin embargo, por una razón inexplicable, al menos una basada en la lógica o de la ley, los regentes insisten en que “presencia legal” no significa lo que el resto del mundo sabe que significa. La Junta de Regentes propio jefe de asuntos estudiantiles y abogados, Burns Newsome, incluso dijo en un memorando tarjeta interna que “presencia legal” es, por supuesto, una cuestión de la ley federal.

El Juez Presidente de la Corte Superior del condado de Fulton, el juez de Tusan, dejó claro en su decisión de que los Regentes han sido malinterpretar su política de matrícula y ordenó el 30 de diciembre de 2016, que el Consejo comience inmediatamente la admisión de los estudiantes que califican DACA, y que si cumplen los demás requisitos para la matrícula estatal, para ser capaz de pagar la matrícula estatal ese semestre. Ese juez también rechazó la solicitud de estancia de la Junta, que en última instancia concedió esta corte. Este retraso ha costado a estos hombres y mujeres jóvenes otros dos semestres de la escuela, un nuevo retraso en el cumplimiento de su sueño de un título universitario.
Los Regentes tomar la posición en este caso, así como en la iteración anterior de este caso (Olvera v. Board of Regents), que estos estudiantes y futuros estudiantes, estos soñadores, no tienen el derecho de cuestionar la falta intencionada Regentes seguir su propia política. Si bien estas mujeres y hombres jóvenes perdieron la Olvera v. Board of Regents caso por razones de procedimiento, se les instruyó específicamente para iniciar una acción individual Mandamus contra cada miembro del Consejo. Esto ahora se han hecho.

Los Regentes hacer el argumento, por primera vez en la apelación, que están protegidos contra demandas por la doctrina de la “inmunidad oficial”. Ellos hacen que el argumento de que
1)       No pueden ser demandados en su carácter oficial debido a la doctrina de la inmunidad soberana (que sabemos demasiado bien); y
2)      No pueden ser demandados como individuos porque son, como individuos, incapaces de poner en práctica la acción ordenada en el Mandamus.
Esto es simplemente erróneo. La Junta de Regentes no actúa sin él pensamientos y la actividad física de sus regentes nombrados. Su es nada más que engañosa para argumentar lo contrario. 

También por primera vez, los Regentes argumentan que el GA. Const. Arte I, Sec. II, párr. IX (d) los protege de traje. Esto podría ser cierto si, de hecho, los regentes eran en realidad aparecen como los que fueron protegidos de la demanda. El problema es que los regentes no son "funcionarios o empleados del estado." Eso no es lo mismo que “los funcionarios públicos del Estado”, como se reivindica por un abogado. Además, el caso Constandine citado por los regentes en apoyo de su argumento se estableció en realidad a un lado por el Tribunal Supremo el año siguiente en la apelación y su discusión de la inmunidad desocupado. Es irrelevante para el caso de hoy, e incluso si el tribunal podría considerar su participación, que sólo hablaba de la inmunidad judicial, no una inmunidad oficial. Del mismo modo, el caso de Cameron v. Lang también sostenido por los regentes no es pertinente. Ese asunto trataba de un empleado (policía) siendo demandado por daños y perjuicios, no una acción de mandamus, y se basó en el principio de que existe inmunidad oficial o calificada para demostrar que el empleado público no serían juzgados en retrospectiva para las acciones que ellos toman, y deja claro que un funcionario público o empleado puede ser personalmente responsable de los actos ministeriales que negligentemente no pudo realizar o que hacer con malicia y la indiferencia intencional de su deber. Si esto ocurre incluso aplicarse a los Regentes, está claro que han participado en al menos intencional acto de acción que han privado a los destinatarios DACA de su derecho a la educación.  

El propósito de este recurso extraordinario de mandamus es exigir el cumplimiento de un deber oficial bajo OCGA § 9-6-241. El Tribunal Supremo de Georgia dejó claro en su Rothschild II et al. decisión que “cuando la cuestión es uno de derecho público y el objeto es procurar el cumplimiento de un deber público, los demandantes individuales pueden traer un Mandamus”
Cada una de estas mujeres y hombres jóvenes, y otros miles como ellos tienen el derecho legal de ver que los Regentes individuales realizan correctamente su tarea de crear una política en la matrícula y para hacerlo de acuerdo con su significado normal. Para un mandamus a emitir, ya que fue aquí por el juez de Tusan, el deber buscamos a exigir el cumplimiento de debe ser uno que por ley los miembros de la Junta deben realizar. El Tribunal Supremo de Georgia en su decisión de 2014 en el caso del condado de Bibb dijo explícitamente que “mandamiento de seguridad se emite correctamente si (1) el solicitante tiene un derecho legal claro para tal alivio y (2) ningún otro recurso legal disponible para efectuar que el alivio." Ambas condiciones se cumplen aquí. Además, la decisión del condado de Bibb, dijo que el alivio Mandamus no puede ser uno basado en competencias, sólo en un grave abuso de discreción, tal como aquí o en casos de descuido injustificado de sus funciones, lo que podría posiblemente ser también el caso aquí.  

Al contrario que en el caso de la marca Granjas argumentado por los Regentes, en los que los demandantes buscaban un tipo específico de etiquetado de los productos que produjeron, que la acción que se dejó en el comisionado de la discreción de la agricultura. Aquí, los Regentes realicen las funciones bajo OCGA § 20-3-31 (1) y OCGA § 20-3-66 (d) y establecer un estándar inequívoco clara para los no ciudadanos a recibido la matrícula estatal. Ellos tienen la obligación legal de llevar a cabo las políticas que han creado de acuerdo a su significado simple real.

Además, los regentes están argumentando que el mandamus les obligaría a corregir los actos del pasado y comprometerse con una serie de actos futuros. Esto también es simplemente no es verdad. Este es un acto de una sola vez, no una serie de actos continuos. Se trata de una simple corrección de tiempo, requiriendo a los Regentes para asesorar a las escuelas que supervisan para implementar la política de uso de su significado normal, e indicando claramente que los receptores DACA tienen presencia legal y tienen derecho a matricula estatal, si cumplen con los requisitos de matrícula estatales.  

Sin embargo, la posición de los Regentes es que pueden crear cualquier política que quieren (que es probablemente cierto) y que pueden poner en práctica cualquier manera que quieran (esto no debe ser verdad) y nadie puede hacerlos responsables, incluyendo esta Corte (esto No puede ser cierto). No hay ningún recurso alternativo. Los miembros de la Junta han dejado claro su decisión, a lo largo de estos casos, que los receptores DACA no califican para la matrícula estatal. Cualquier proceso de apelación interna no es ni no es obligatoria una sustitución adecuada para un mandamus.  

Por último, y para ser claro, este caso se trata de la Esperanza y Justicia. Esperanza para el futuro de estas mujeres y hombres jóvenes - un futuro educado con posibilidades ilimitadas. Negándoles el derecho a la educación de los Regentes de extinción son la esperanza. Eso es inmoral. La junta de Regentes está en negligencia grave e intencional al afirmar que nadie, ni siquiera esta Corte, puede pedirles cuentas. Esto no puede ser verdad. Esto no debe ser verdad. Por favor, respetar la decisión de la Corte Superior. Es correcto. Es la esperanza y es Justicia. Gracias. 

Why DACA Students Must Be Able To Pay In-State Tuition in Georgia

           Earlier today, June 15, 2017,  I presented arguments on behalf of DACA recipients in Georgia the Georgia Court of Appeals, seeking to sustain the decision of the Fulton County Superior Court Chief Judge (Judge Tusan), in ordering the Georgia Board of Regents to consider all DACA recipients eligible for in-state tuition, if they otherwise meet the tuition requirements.  Here is my presentation:

May it Please the Court:

I am Charles Kuck. I represent the appellees Rigo Rivera, Josafat Santillan, and the other young women and men behind me, all of whom hold valid DACA approvals.

On June 15, 1982 the Supreme Court of the United States issued its landmark decision in Plyer v. Doe in which they guaranteed equal access to public education for all children, regardless of immigration status. On June 15, 2012, President Obama created a program of deferral of deportation for “Dreamers," for young women and men who came to the U.S. before June 15, 2007, who are in or have graduated from high school (under the protection of Plyer v. Doe), and who are of good moral character. This program is called “DACA’ and it has been extraordinarily successful in changing the lives of these young women and men, giving them hope for the future and access to our society as contributing members. They can work, drive legally, pay taxes, volunteer, and thrive. But there is one thing they cannot do. Yet, today, June 15, 2017, they cannot go to the best schools in Georgia, even if they merit admission, and they cannot pay in-state tuition in the state in which they are taxpaying residents. That seems, to me at least, a violation of the principles outlined in Plyer v. Doe, and more importantly for today’s argument, a direct violation of the Regents own policy manual on in-state tuition.

The Department of Homeland Security (DHS) through its sub-agency U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), issued guidance on DACA on a variety of issues. The guidance relevant here is on what DACA means for the “status” of the young women and men;  DACA is not “legal status”, but it is, according to USCIS, “lawful presence.” Why is that important? Because in 2010 the Regents created a tuition policy, included in its policy manual in Section 4.1.6, in which it says that a non-citizen person who is not “lawfully present” in the United States cannot be granted in-state tuition.

Words have meaning. When a state agency such as the Board of Regents through its members, each of which is an appellant/defendant in this case, creates a policy, the public, including these young women and young men, are entitled to rely on that policy. They are entitled, by law, to expect that those members of the Board of Regents carry out their own policy according to the actual plain meaning of the words they use. We are here today because the Regents have intentionally failed to do so.

The Regents also created a policy in Section 4.3.4 which requires that these students prove their lawful presence in the United States. This, each of these young women and young men can do through the USCIS “SAVE” system by which states and subordinate agencies can verify an immigration problem. This is why each of them has driver’s licenses in Georgia, because they have lawful presence.

               “Lawful presence” should not be confused with “lawful status”, which these youth do not have. But lawful status is not required by the Regents to obtain in-state tuition, as DACA recipients are legally in the state. As late as February 2016, the Regents reconfirmed that “lawful presence” is the standard, yet for an unexplained reason, at least one based in logic or law, the Regents insist that “lawful presence” does not mean what the rest of the world knows it means. The Board of Regents own chief of student affairs and legal counsel, Burns Newsome, even said in an internal board memorandum that “lawful presence” is, of course, a question of federal law.

The Chief Judge of the Fulton County Superior Court, Judge Tusan, made clear in her decision that the Regents have been misinterpreting their tuition policy and ordered on December 30, 2016, that the Board immediately begin admitting qualifying DACA students, and that if they meet the other requirements for in-state tuition,  to be able to pay in-state tuition that semester. That judge also denied the Board’s stay request, which this court ultimately granted. This delay has cost these young women and men another two semesters of school, another delay in fulfilling their dream of a college degree.
The Regents take the position in this case, as well as in the previous iteration of this case (Olvera v. Board of Regents), that these students and future students, these Dreamers, do not have the right to challenge the Regents purposeful failure to follow its own policy. While these young women and young men lost the Olvera v. Board of Regents case on procedural grounds, they were specifically instructed to bring a Mandamus Action individually against each Board member. This they have now done.
The Regents make the argument, for the first time on appeal, that they are protected from suit by the doctrine of “official immunity”. They make the argument that
1)      They cannot be sued in their official capacity because of the doctrine of sovereign immunity (which we know too well); and
2)     They cannot be sued as individuals because they are, as individuals, unable to implement the action ordered in the Mandamus.
This is simply wrong.  The Board of Regents does not act without he thoughts and physical activity of its appointed Regents.  Its is nothing more than deceptive to argue otherwise. 
Also for the first time, the Regents argue that the GA. Const. Art I, Sec. II, Para. IX(d) protects them from suit.  This might be true if in fact the Regents were actually listed as those who were protected from suit. The problem is that the Regents are not "officers or employees of the state." That is not the same as “state public officers” as claimed by counsel.  Further, The Constandine case cited by the Regents in support of their argument was set actually aside by the Supreme Court the following year on appeal and its discussion of immunity vacated. It is irrelevant to today’s case, and even if the court could consider its holding, it spoke only of judicial immunity, not an official immunity. Similarly, the Cameron v. Lang case also argued by the Regents is inapposite. That case dealt with an employee (police officer) being sued for damages, not a mandamus action, and was based on the principle that official or qualified immunity exists to prove the public employee would not be judged in hindsight for the actions they taken, and makes clear that a public officer or employee may be personally liable for ministerial acts they negligently failed to perform or that done with  malice and intentional disregard for their duty.  If this case even applied to the Regents, it is clear they have engaged in at least intentional action acts that have deprived the DACA recipients of their right to an education.  
The purpose of this Extraordinary Writ of Mandamus is to compel performance of an official duty under O.C.G.A. § 9-6-241. The Georgia Supreme Court made clear in its Rothschild II et al. decision that “where the question is one of public right and the object is to procure enforcement of a public duty, the individual plaintiffs can bring a Mandamus”
Each of these young women and young men, and thousands more like them have a legal right to see that the individual Regents carry out their duty to create a policy on tuition and to do so according to its plain meaning. For a mandamus to be issued, as it was here by Judge Tusan, the duty we seek to compel performance of must be one that by law the members of the Board must perform. The Georgia Supreme Court in its 2014 decision in the Bibb County case said explicitly that “A Writ of Mandamus is properly issued if (1) the applicant has a clear legal right to such relief and (2) no other legal remedy is available to effectuate that relief."  Both of these conditions are met here. Further, the Bibb County decision said that the Mandamus relief cannot be one based on discretion, only on a gross abuse of discretion, such as here or in cases of wanton disregard of their duties, which could arguably also be the case here.  
Unlike in the Brand Farms case argued by the Regents, in which those plaintiffs sought a specific type of labeling on the products they produced, that action that was left in the commissioner of agriculture's discretion.  Here, the Regents exercised the duties under O.C.G.A. § 20-3-31 (1) and O.C.G.A. § 20-3-66 (d) and set a clear unambiguous standard for non-citizens to received in-state tuition. They have the legal obligation to carry out the policies they created according to its actual plain meaning.
Further, the Regents are arguing that the mandamus would require them to correct past acts and commit to a series of future acts. This is also simply not true.  This is a one time act, not a series of continued acts. It is a simple one time fix, requiring the Regents to advise the schools they oversee to implement the policy using its plain meaning, and clearly stating that DACA recipients have lawful presence and are entitled to in state tuiion, if they meet the other in-state tuition requirements.  
Yet, the Regents’ position is that they can create any policy they want (which is probably true) and they can implement it any way they want (this should not be true) and no one can hold them accountable, including this Court (this cannot be true). There is no alternative legal remedy. The Board members have made clear their decision, throughout these cases, that DACA recipients do not qualify for in-state tuition. Any internal appeal process is neither mandatory not an adequate substitution for a mandamus.  
Finally, and to be clear, this case is about Hope and Justice. Hope for the future of these young women and men - an educated future with limitless possibility. By denying them the right to an education the Regents are extinguishing hope.  That is immoral.   The Regents compound this gross and intentional negligence by claiming that no one, including this Court, can hold them to account. This cannot be true. This must no be true. Please uphold the Superior Court’s decision. It is correct. It is Hope and it is Justice. Thank you. 
¿Cuáles son los requisitos del programa de la visa L-1? Abogado de inmigración de negocios de Atlanta explica los detalles

La visa L-1 está disponible para los empleados de una compañía internacional, que tiene una oficina en los Estados Unidos. Permite a un trabajador extranjero entrar a los Estados Unidos y trabajar en la oficina norteamericana de la compañía después de trabajar en el extranjero durante al menos un año continuo dentro de los tres años anteriores.



 Si va a solicitar una visa L-1, tendrá que proporcionar documentación para probar los siguientes:

· La empresa estadounidense tiene una relación con la entidad de calificación en el extranjero.
· El empleado extranjero ha trabajado en el extranjero la cantidad necesaria de tiempo.
· El empleado extranjero trabajaba en el extranjero en una capacidad de calificación.

Una menor supervisión durante el proceso de solicitud puede conducir a una denegación de su solicitud o retrasos innecesarios. Charles Kuck es un abogado de inmigración en Atlanta, quien puede responder a sus preguntas acerca del programa de visa L-1 y ayudarle a reunir pruebas para demostrar su elegibilidad. Llame 404-816-8611 hoy para programar una consulta en Kuck Inmigración Partners.
Examinemos algunos de los criterios de elegibilidad para obtener una visa L-1:

Empresas de EE.UU. tienen una relación con la entidad de calificación en el extranjero con la oficina de EE.UU. 

Debe ser un afiliado, filial, principal o sucursal de la entidad extranjera, y tanto la entidad extranjera y la oficina de EE.UU. debe seguir a compartir el control y la propiedad. Su abogado puede utilizar las siguientes pruebas demuestran estos criterios:

· Los artículos de incorporación;
· Las licencias comerciales;
· Informes anuales que describen la estructura corporativa;
· Contratos que detalle la relación de afiliación;
· Archivos corporativos que describen la relación corporativa;
·Los acuerdos de compra de acciones
· Acuerdos de derechos de voto.

Esta lista no es exhaustiva. Su visa L-1 abogado puede ayudarle a identificar otras pruebas para demostrar que la empresa estadounidense tiene una relación de cualificación con la entidad en el extranjero.

El empleado extranjero ha trabajado fuera del pais por la cantidad de tiempo requerido.

Para calificar para una visa L-1, el trabajador extranjero debe haber trabajado en la entidad extranjera continua durante al menos un año dentro de los tres años anteriores. Puede utilizar las siguientes pruebas para demostrar este criterio:

· Los registros de nóminas;
· Paystubs;
· Devoluciones de impuestos
· Prueba de producto de trabajo.

El empleado extranjero ha trabajado con capacidad calificada

El empleado extranjero debe demostrar que él o ella han trabajado fuera del pais en el área de una ejecutiva, administrativa, o la capacidad de conocimiento especializado. Puede utilizar las siguientes pruebas para demostrar este criterio:

· Descripciones de puestos de trabajo relacionados con su posición
· Patentes u otras pruebas de los servicios de la compañía, productos o      tecnologías que se basan en su trabajo
· Tu curriculum;
· Los organigramas que muestran su posición
· Revisiones de rendimiento
· Préstamos o financiamiento de la empresa.

Si usted está interesado en solicitar para una visa L-1, contacte Kuck Inmigración asociados. Charles Kuck es un abogado de inmigración en Atlanta, quien le ayudará a investigar las leyes de inmigración de Estados Unidos y evitar errores cruciales.

Llame a 404-816-8611 para programar una consulta de hoy. Usted puede aprender más acerca de las leyes de inmigración de Estados Unidos visitando www.inmigración.net

USCIS negó mi Petición I-829-¿Qué debo hacer? Abogado de Visa de empleo de Atlanta tiene la respuesta

El programa de visas EB-5 da a los empresarios extranjeros la oportunidad de obtener tarjetas de residencia si hacen una inversión cualificada en una nueva empresa comercial o un centro regional. Es importante recordar, sin embargo, que el proceso no termina cuando el USCIS aprueba su EB-5 petición de visa; usted todavía tiene que presentar una petición I-829 para eliminar las condiciones de su residencia.



Por desgracia, hay muchas razones por las que el USCIS puede negar una petición I-829. Esto puede ser doloroso para los inmigrantes que ya han puesto a sus hijos en la escuela y han comprado una casa. Si se rechaza su petición I-829, usted y su familia se enfrentan a la deportación.

Si se encuentra en esta situación, su primera llamada debe ser a un abogado de inversiones EB-5 con décadas de experiencia en la corte de inmigración. Hay varias maneras de luchar contra la decisión del USCIS para rechazar su petición I-829. Un abogado de inmigración experimentado puede evaluar su situación para identificar el mejor enfoque.

Charles Kuck es un abogado de inversiones EB-5 en Atlanta que ha ayudado con éxito a que los portadores de  EB-5  obtengan visas residentes permanentes después de que USCIS niega su petición I-829. El Sr. Kuck evaluará la razón por la que USCIS niega su petición, le ayudan a renovar la petición, y reunir pruebas para demostrar que su nueva petición debe ser aprobada.

Dependiendo de sus circunstancias específicas, puede ser posible solicitar una orden de un juez federal de que su petición original no debería haber sido negado en la primera instancia. Llame al 404-816-8611 hoy para programar una consulta en Kuck Immigration Partners .

Reunir pruebas después que USCIS niegue su petición

¿Por qué USCIS niega su petición I-829 original? La respuesta a esta pregunta determinará los tipos de pruebas que su abogado de Green Card utilizará para luchar contra la denegación. Por ejemplo, si USCIS afirmó que su inversión no cumplía con los requisitos de creación de empleo del programa EB-5, su abogado puede utilizar los registros de nómina, documentos fiscales, y las formas de los empleados I-9 para probar que lo hizo en el hecho de cumplir con este requisito.
Si USCIS afirma que no tenía que cumplir otros requisitos del programa de visas EB-5, su abogado puede utilizar las siguientes pruebas para demostrar que su inversión califica:

•       Estados de cuentas bancarias, licencias comerciales, contratos, declaraciones de impuestos federales y estatales, los estados financieros auditados, facturas licencia de negocio, y las declaraciones de impuestos trimestrales para demostrar que su inversión se mantuvo durante dos años; y
•       Copias de los documentos de la organización de la empresa y las declaraciones de impuestos federales para demostrar que usted invirtió en una nueva empresa comercial o un centro regional.

¿Debo contratar a un abogado de Green Card para Luchar contra la denegación de USCIS de mi Petición I-829?

Sí. La lucha contra la denegación de su petición I-829 puede implicar numerosos litigios, y hay varias maneras posibles para convertirse en un residente permanente legal después de USCIS ha denegado su petición. Un abogado con experiencia puede litigar su caso, ayudar a evitar errores costosos, e identificar el mejor enfoque para el logro de residencia sobre la base de su situación particular.

Su abogado puede ser capaz de convencer a un juez de inmigración para anular la denegación de su petición. Además, su abogado puede negociar con los abogados de ensayo del Departamento de Seguridad Nacional y-interrogar a los testigos que apoyan la negación de su petición.
Si el juez no descarta a su favor, puede apelar la denegación de su petición I-829 a la Junta de Apelaciones de Inmigración. Si se deniega allí, su abogado puede solicitar una revisión de una corte federal de apelaciones.
Si desea discutir su caso con un inversionista EB-5, llame a Kuck Immigration Partners al 404-816-8611 hoy para programar una consulta.


Dispositivo de vigilancia de teléfonos celulares diseñado para la lucha contra el terrorismo ahora se está utilizando para buscar inmigrantes.

Los investigadores federales y las agencias locales de aplicación de la ley están usando dispositivos de vigilancia de teléfonos móviles para encontrar inmigrantes ilegales. Estos dispositivos simuladores de sitios celulares imitan las torres de teléfonos celulares. Cuando los teléfonos se conectan al dispositivo -que puede montarse en un vehículo policial- descarga información como un historial de números marcados y conectados, números de identificación de teléfonos y mensajes privados.

Los activistas por los derechos civiles han condenado el uso del simulador de sitio celular, llamado Hailstorm, en Estados Unidos, argumentando que inevitablemente conducirá a la opresión de los derechos de las personas; Sin embargo, un portavoz de la Agencia de Inmigración y Aduanas abogó por el uso de Hailstorm durante las investigaciones criminales, llamándolo una "valiosa herramienta de aplicación de la ley".

Las noticias de Detroit informaron sobre el primer reconocimiento público del uso de Hailstorm por agentes federales. En marzo, la Agencia Federal de Investigación y los agentes de ICE utilizaron el dispositivo para encontrar a Rudy Carcamo-Carranza, de 23 años, de El Salvador. Carcamo-Carranza había sido deportado dos veces, y había dos órdenes para su detención: una por un accidente de golpe y carrera y otra por conducir ebrio.



El uso de simuladores de sitio celular es otro ejemplo de cómo Estados Unidos está tomando medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Si usted o un miembro de su familia está en el país ilegalmente, es crucial que investigue posibles caminos para obtener una Green Card.

Charles Kuck es un abogado de inmigración en Atlanta, quien evaluará su situación, responderá a sus preguntas, y proporcionará orientación jurídica integral. Llame 404-816-8611 hoy para programar una consulta en Kuck Immigration Partners .

¿Cómo encontraron los agentes a Rudy Carcamo-Carranza?

En marzo, el oficial de deportación de Homeland Security, Jeremy McCullough, solicitó una orden para encontrar el teléfono celular de Carcamo-Carranza. En la orden, McCullough pidió el uso de un simulador de sitio celular. Un Juez de Magistrado de los Estados Unidos aprobó la orden.

Los investigadores descubrieron la ubicación aproximada del teléfono de Carcamo-Carranza. El sospechoso fue descubierto el 16 de marzo. Entonces se obtuvo una orden de allanamiento para el hogar donde los investigadores vieron a Carcamo-Carranza, y allanaron la casa el 23 de marzo.

Carcamo-Carranza fue arrestado. Según los registros de la corte, los investigadores encontraron una falsa Green Card que tenía la foto de Carcamo-Carranza, un número de Seguro Social falso, y un nombre de alias.

Carcamo-Carranza ahora enfrenta cargos que podrían enviarlo a prisión por 10 años. Su juicio está programado para el 11 de julio.

¿Qué tan común es el uso de simuladores del sitio celular?

Homeland Security y el Departamento de Justicia invirtieron $ 95 millones para comprar 430 simuladores de sitio celular del 2010 al 2014. La mayoría de estos dispositivos fueron para el FBI y Homeland Security. Las agencias policiales locales pueden obtener Hailstorm utilizando las subvenciones para la prevención del terrorismo de Homeland Security.

En 2015, el Departamento de Justicia promulgó una política que obligaba a los investigadores federales a obtener una orden de registro antes de usar el dispositivo; Sin embargo, esta política no se aplica a las agencias locales de aplicación de la ley en la mayoría de los estados.

Si usted o su ser querido está en los Estados Unidos están preocupados por la deportación o remoción, póngase en contacto con Kuck Immigration Partners para discutir sus opciones. Llame al 404-816-8611 para programar una consulta con un abogado de Green Card en Atlanta. Puede obtener más información sobre las leyes de inmigración de los Estados Unidos visitando www.immigration.net

What Are the Eligibility Requirements of the L-1 Visa Program? Atlanta Business Immigration Lawyer Explains

The L-1 visa is available to employees of an international company that has an office in the United States. It allows a foreign worker to enter the United States and work at the company’s U.S. office after working abroad for at least one continuous year within the previous three years.



If you intend to petition for an L-1 visa, you will have to provide documentation to prove the following:

·       The U.S. company has a qualifying relationship with the entity abroad;
·       The foreign employee has worked abroad for the required amount of time; and
·       The foreign employee worked abroad in a qualifying capacity.

One minor oversight during the petitioning process could lead to a denial of your application or unnecessary delays. Charles Kuck is an immigration attorney in Atlanta who can answer your questions about the L-1 visa program and help you gather evidence to prove your eligibility. Call 404-816-8611 today to schedule a consultation at Kuck Immigration Partners.

Let’s examine a few of the eligibility criteria for obtaining an L-1 visa:

U.S. Company Has a Qualifying Relationship with the Entity Abroad

The U.S. office must be an affiliate, subsidiary, parent, or branch of the foreign entity, and both the foreign entity and the U.S. office must continue to share common control and ownership. Your attorney may use the following evidence prove these criteria:

·       Articles of incorporation;
·       Business licenses;
·       Annual reports that describe the corporate structure;
·       Contracts that detail the affiliate relationship;
·       Corporate filings that describe the corporate relationship;
·       Stock purchase agreements; and
·       Voting rights agreements.

This list is non-exhaustive. Your L-1 Visa attorney can help you identify other evidence to prove that the U.S. company has a qualifying relationship with the entity abroad.

The Foreign Employee Has Worked Abroad for the Required Amount of Time

In order to qualify for an L-1 visa, the foreign employee must have worked at the foreign entity for at least one continuous year within the previous three years. You can use the following evidence to prove this criterion:

·       Payroll records;
·       Paystubs;
·       Tax returns; or
·       Proof of work product.

The Foreign Employee Worked Abroad in a Qualifying Capacity

The foreign employee must demonstrate that he or she worked abroad in an executive, managerial, or specialized knowledge capacity. You can use the following evidence to prove this criterion:

·       Job descriptions related to your position;
·       Patents or other evidence of the company’s services, products, or technology that are based on your work;
·       Your résumé;
·       Organization charts that show your position;
·       Performance reviews; and
·       Loans or financing from the company.

If you are interested in petitioning for an L-1 visa, contact Kuck Immigration Partners. Charles Kuck is an immigration attorney in Atlanta who will help you navigate U.S. immigration laws and avoid crucial mistakes.

Call 404-816-8611 today to schedule a consultation. You can learn more about U.S. immigration laws by visiting www.immigration.net